La caida del ultimo bastión: la concesión de playas

Tan solo era cuestión de tiempo para que el último bastión de la resistencia popular cartagenera cayera. Las playas de la ciudad, el último recinto donde aún se manifestaba el ejercicio pleno de la ciudadanía, donde el derecho a la libre circulación no había sido burlado, ha sido finalmente arrebatado y su traspaso al bando contrario, en esta interminable guerra por el derecho a la ciudad, comenzó a ser reglamentado. Un par de semanas atrás, el presidente de la república anunció sus intenciones de entregar las playas cartageneras al sector privado, para que fueran ellas las encargadas de administrarlas y de regular su uso. Quiso dejar en claro, que se entregarían en calidad de “concesión”, y que por lo tanto, se mantendría su carácter público, y el libre acceso a las mismas no sería de ninguna manera vulnerado. Aquella es la versión oficial, y teóricamente se corresponde con el procedimiento original. No obstante, en Colombia, “concesión” supone “privatización”. El estado concede a la empresa privada la libertad de administrar los bienes nacionales, y rara vez interviene cuando la libertad se transforma en libertinaje. No sería ni el primero, ni el último de los casos.

La principal justificación para entregar los territorios de bajamar en concesión, es librar a los turistas nacionales y extranjeros del acoso indiscriminado de los vendedores ambulantes. Valiente excusa para justificar un nuevo acto de segregación social y espacial, en una lista interminable de actos tan antiguos como la existencia misma del turismo en Cartagena. En 1972, en uno de los apartes del Plan de Acción para hacer de la ciudad el nuevo polo de desarrollo turístico del país, se insistía en la recuperación de las playas del sector de Marbella, las playas populares por excelencia, por cuanto su degeneración había obligado a los sectores humildes de la ciudad a que recurrieran a las playas de Bocagrande, perdiendo estas su carácter de “exclusividad”, lo que supuestamente iba en detrimento del porvenir turístico de localidad. Y es que el turismo urbano y la exclusión social parecieran ser hermanos de sangre. El turismo se sustenta en la construcción de una imagen de ciudad que rara vez se corresponde con la realidad. Y si para construir esa imagen es necesario distanciar, segregar o arrojar a los cartageneros a kilómetros de la periferia, con toda seguridad lo harán.

Seguramente las primeras víctimas segregadas serán los vendedores ambulantes. Ellos, los mismos que se ganan el pan de cada día patrullando las playas de la ciudad, bajo el sol abrazador que suele dominar los cielos cartageneros. Los medios de comunicación, las autoridades turísticas, y el cartagenero del común inclusive, se han encargado de criminizarlos. Todos parecieran olvidar que como cualquier otro ser humano, como cualquier otro ser vivo, deben comer para mantenerse con vida. Con el transcurrir de los meses, las playas estarán completamente vetadas para cualquiera que no esté en capacidad de convertirse en consumidor. No habrá nada que lo impida. El gobierno local de turno sospechosamente ha guardado un silencio bastante parecido a la complicidad. No queda la menor duda a cuál de los dos bandos en disputa pertenece. Ni siquiera se puede confiar en la capacidad de respuesta del cartagenero promedio a esta nueva agresión. Somos presa de la imbecilidad natural de los seres adormecidos.

Los cartageneros finalmente debemos comenzar a asumir la derrota. Hemos perdido demasiadas batallas en la guerra por el derecho a la ciudad. Cedimos nuestros barrios, cedimos nuestras calles, cedimos nuestro patrimonio; hemos cedido hasta nuestras almas.

Tomado de: http://territoriosdeesperanza.blogspot.com/2009/10/la-caida-del-ultimo-bastion-la.html

Ustedes analicen, ya yo lo hice.